Fernando Rubio, presidente de la Junta Central de Usuarios del Valle del Almanzora, se dirige a los asistentes a la protesta por los recortes en el trasvase del Tajo.
El gobierno de Pedro Sánchez empezó a enterrar 40 años de transferencia de agua al Sureste español; una decisión política que chocaba con el criterio de los técnicos y, por supuesto, de los agricultores de Alicante, Murcia y Almería. Incluso con la patronal Asaja castellano-manchega, que es partidaria de continuar con el trasvase. A la carestía de agua se unió durante los últimos doce meses la subida de costes en el campo. La gran demanda de nuestros productos en el exterior impidió que nuestra agricultura hincara la rodilla en tierra
Enero.- El año comenzó con el acueducto Tajo-Segura cortado, aunque esta vez por obras. La reparación de filtraciones en el dique de uno de los embalses del sistema del trasvase, cerró las transferencias en septiembre de 2020.
El presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS), Lucas Jiménez, desvelaba que los trabajos arrastraban un “considerable” retraso y no estarían terminados “hasta marzo”.
Febrero.- Aguas del Almanzora acudió al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra la “conculcación” por parte del Ministerio de Transición Ecológica de los derechos previamente otorgados sobre el agua del pantano del Negratín.
Los regantes presentaron un recurso sobre la decisión de la ministra Ribera de suspender el envío de agua al Levante el 13 de agosto de 2020 –momento en que el agua almacenada en el embalse granadino bajó de los 210 Hm3- cuando aún quedaban por transferir 5 de los 47 Hm3 aprobados por la Comisión de Desembalse.
Marzo.- Primaflor es el portaviones de la flota comarcal agrícola. Posee una gran tripulación de 2.500 empleados y se acerca a los 200 millones de facturación. La corporación fundada en 1975 por Cecilio Peregrín y Lorenzo Belmonte, recibió el Premio a la Responsabilidad Social Empresarial otorgado de Diputación por el vínculo de la empresa con la provincia, la riqueza y el empleo que aporta, y su compromiso ético. Su director corporativo, Cecilio Peregrín, salió al paso de los rumores sobre una posible “deslocalización” de la empresa debida, fundamentalmente, a la falta de agua. “Primaflor es de aquí y aquí seguirá muchos años”, aseguró con rotundidad.
Abril.- Hugo Morán, el secretario de Estado de Medio Ambiente, anunció el próximo cambio en la regla de explotación del Tajo. La principal novedad supondría una merma de 11 Hm3 mensuales en los derechos del Sureste español.
Defendió que se trataba de “una decisión técnica que beneficiará a las cuencas del Tajo y el Segura”.
Lucas Jiménez -presidente de SCRATS- anunció una querella contra todos y cada uno de los políticos y funcionarios que con su firma o voto participaran en el «cambalache» previsto. Les exigirá una compensación por los perjuicios y el lucro cesante que sufrirán los agricultores afectados. Jiménez sólo veía «maniobras políticas» para «apaciguar» al Gobierno castellano manchego.
Los presidentes de Andalucía y Murcia firmaron una Declaración Institucional en la que pidieron “diálogo y no imposición” al Gobierno de Pedro Sánchez ante la amenaza de reducir el caudal a transferir hasta Alicante, Murcia y Almería.
Mayo.- Más de 400 coches y unos 50 tractores tomaron las calles de Huércal Overa el día de San Isidro. Exigían seguir usando parte del agua que sobra en otro lugar de España. Diez días después se fueron a Madrid. Allí desfilaron más de 1.000 turismos y 15 camiones, porque la Policía impidió, por orden del Gobierno, que pudieran manifestarse 300 camiones más y 150 tractores.
“Puede y debe” seguir llegando agua desde el Tajo, aseguraba Francisco Javier Flores Montoya, ingeniero jefe de Planificación de ese río durante 16 años. No le cabía la menor duda de que el trasvase “técnicamente es viable”. “Sobra agua para trasvasar y excusas para no hacerlo”.
Y el político debería pensar “a largo plazo de qué va a comer la gente”, decía Lorenzo Belmonte, el hombre que hizo posible la llegada de agua desde el Negratín. “Con la tecnología que hemos desarrollado –explicaba el cofundador, junto a Cecilio Peregrín, de Primaflor-, 10 m3 generan un jornal”. Que dejen de venir del Tajo anualmente 200 Hm3, supondrá la pérdida de 20 millones de jornales cada año en el Sureste.
En términos similares se pronunciaba Felipe Gómez, director general dela SAT Peregrín, quien, además, invitaba a la ministra a reflexionar acerca de si el futuro de España pasa por “dejar de producir frutas y hortalizas aquí para importarlas de Marruecos”.
Junio.- Los representantes de SCRATS se reunieron con Teresa Ribera el 3 de junio, en un intento de hacerla “entrar en razón” y convencerla de que diera marcha atrás en sus planes sobre el trasvase.
Ocurrió lo contrario. En lugar de elevar el ‘caudal ecológico’ del río a su paso por Aranjuez a los previstos 8,52 m3/sg –entonces estaba establecido en 7-, LO subió hasta 8,6, cuando los técnicos calculaban las necesidades en 6,20 m3/sg. Eso significaba que dejarían de llegar al Levante 109 Hm3 de los 200 que se transfieren actualmente.
Julio.- La oposición al trasvase no era unánime en Castilla-La Mancha. José María Fresneda, presidente regional de ASAJA, se mostró partidario de mantenerlo. Lo consideraba necesario “por las necesidades del Levante, Albacete y la llanura manchega”. Hizo un llamamiento a la unidad de todos los agricultores para presentar alegaciones y movilizarse en las calles contra el nuevo plan hidrológico del Gobierno, porque “Pedro Sánchez y Teresa Ribera han declarado la guerra al sistema productivo español”.
Agosto.- Luis Garrote, catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid, reprochó a la ministra Ribera que se basara en “estudios antiguos y débiles” para incrementar el caudal ecológico del río y justificar los recortes al trasvase. El ingeniero concluyó que la solución al problema de contaminación del río en Aranjuez consistía en depurar “de manera correcta” las aguas residuales de la Comunidad de Madrid, Toledo y Talavera, “no en diluirlas con agua limpia de la cabecera”.
Septiembre.- Pero no todos los problemas para la agricultura de la comarca llegaron del Tajo en 2021. La subida del Salario Mínimo Interprofesional supuso un nuevo “mazazo inasumible”, según ASAJA. La organización recordaba que el SMI se incrementó un 30% en el último año, y la subida de ese coste se sumaba a la de los carburantes, electricidad, abonos, fertilizantes y otros consumibles, así como a los bajos precios de los productos del campo.
Octubre.- Con la merma de agua del Tajo y, sobre todo, con el grifo del Negratín cerrado desde el 7 de julio, el inicio de la campaña comenzó en el Levante con 2.000 Has de regadío en barbecho. La falta de recursos obligó a las comunidades de regantes a abastecerse casi exclusivamente de las desaladoras, lo que disparó el precio del agua hasta los 70 cts/m3. Empresas de la zona comenzaron a producir sus hortalizas en Portugal y Extremadura, donde el precio del agua era de 2 cts/m3.
Noviembre.- El portavoz de la Mesa del Agua, José Antonio Fernández, insistía en pedir soluciones al Gobierno de España ante la escalada de los costes de producción. Alertaba de los efectos que podría acarrear la desaparición de empresas agrícolas. Por una parte, el “pánico” que cabría esperar por la falta de productos del campo en las tiendas y, por otra, las consecuencias de la caída de exportaciones sobre el Producto Interior Bruto y de los despidos masivos por el cierre de numerosas compañías sobre el empleo.
Diciembre.- El año terminó con una reflexión de Javier Serrano. Tras la firma de convenios entre el Gobierno de España y diferentes comunidades de regantes de la comarca que supondrá la inversión de 40 millones por parte del Estado para mejorar las infraestructuras de riego, el presidente de Aguas del Almanzora se preguntaba “¿para qué nos modernizan los regadíos si no tenemos agua?”. Falta ver qué responden, con sus actos, quienes tienen poder para hacerlo. Feliz año nuevo.
