Antas, único municipio del Levante que promueve viviendas de protección oficial  

El Ayuntamiento de Antas ha informado, mediante un Bando Municipal, que desde el 24 de abril los vecinos interesados en acceder a una vivienda de protección oficial podrán inscribir sus solicitudes en las dependencias municipales del área de Urbanismo.

A partir de ahora, la inscripción estará abierta de forma permanente y se mantendrá vigente durante un periodo de 3 años. Según fuentes municipales, “todas las adjudicaciones de viviendas protegidas se harán entre quienes estén inscritos y cumplan los requisitos establecidos en la normativa vigente”.

 A diferencia de otros consistorios del Levante almeriense, el Ayuntamiento de Antas es consciente de la necesidad de muchos ciudadanos al acceso de una vivienda o, al menos, es el único en la zona que ha decidido dar un paso adelante para aliviar esta carencia.

A través del Registro Público Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas, Antas podrá conocer las necesidades de viviendas protegidas de sus ciudadanos y se podrá planificar de forma ordenada la promoción de este tipo de inmuebles. El Registro tiene carácter local, ya que será conformado por el Ayuntamiento para conocer no sólo el número de personas con derecho a una vivienda protegida, sino también sus características (sus ingresos y situación familiar, el tipo de vivienda que precisan, o si prefieren el régimen de alquiler o el de compraventa).

El próximo 5 de mayo, el alcalde Pedro Ridao comparecerá ante la Comisión Provincial de Urbanismo para que autoricen al Sector R-6 San Roque (Huerto de Antas), la construcción de 245 viviendas de las que 75 serán de Protección Oficial. Se trata de la promoción de VPO más ambiciosa del momento y una de las más importantes que se han promovido en la historia reciente de nuestra comarca.

CARENCIA DE VIVIENDAS PROTEGIDAS EN EL LEVANTE

En estos momentos, acceder a una vivienda se ha convertido en un problema para muchas familias de la zona que descartan la adquisición por su elevado precio y que se ven obligados a pagar un alquiler que, en ningún caso, es inferior a los 600 euros mensuales.  

La construcción de viviendas no ha superado el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008. Muchos municipios carecen de suelo y el poco que existe se destina a viviendas de un nivel fuera del alcance de la mayoría.

Para aliviar esta situación desesperante para muchas familias, muy pocos ayuntamientos ofertan soluciones. Los alcaldes de Turre, Pulpí o Carboneras no recuerdan la última vez que se construyeron viviendas de Protección Oficial en sus municipios. En Garrucha, fueron 50 durante el mandato de Adolfo Pérez y, en Mojácar, bajo el mandato del socialista Bartolomé Flores, se construyeron alrededor de 80 viviendas protegidas en la Fuente y en una zona próxima al antiguo campo de fútbol, que concluyeron en la década de los 90.

Por su parte, La Junta tuvo dos sonoros fracasos en la comarca. El primero de ellos en Vera, donde en el año 2000 construyó 60 pisos en cuatro edificios conocidos hoy como “La Cárcel” y que fueron okupados inmediatamente. El segundo de ellos, en Cuevas del Almanzora, donde el Gobierno andaluz invirtió 1,2 millones de euros en 2002 para la construcción de 22 apartamentos y 11 duplex en el barrio de San Antón. Los destrozos que allí se produjeron eran de tal calibre que el Ayuntamiento tuvo que invertir 480.000 euros en su reparación.


En Huércal Overa, el Ayuntamiento firmó un convenio con el Gobierno de España para construir 25 viviendas en el año 2019. La inversión alcanzaba los 2 millones de euros, pero la lentitud de los procedimientos administrativos elevó esa cifra a 3 millones. La Administración central se negó a aumentar su participación y el Consistorio tampoco estaba en condiciones de hacerlo, aunque en la actualidad, el primer edil Domingo Fernández ha mostrado su deseo de poder retomar este proyecto.

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