El alcalde de Carboneras, Salvador Hernández, ha solicitado a la secretaría municipal que emita un informe en el que se detalle el procedimiento a seguir para efectuar la revisión de oficio de la licencia de obras concedida a Azata del Sol en enero de 2003 para edificar el hotel de El Algarrobico y la legislación aplicable en base a dar cumplimiento a la sentencia que declaró nulo este permiso municipal.
Así se lo ha trasladado a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que el pasado mes de marzo dio un mes de plazo al primer edil carbonero para que incoara el procedimiento encaminado, inicialmente, a la anulación de la licencia como paso previo para demoler el edificio.
A través de su providencia del 9 de abril, el regidor opta por contar con un informe de manera previa a dar inicio al expediente de forma directa, lo cual pone en conocimiento del Tribunal, que le apercibió con multas coercitivas de entre 150 y 1.500 euros, o incluso deducir testimonio ante una eventual responsabilidad penal, en caso de no dar respuesta a su petición.
La Sala volvió a pedir la ejecución del fallo destinado a la revisión de la licencia ante la petición que Azata del Sol reiteró en diciembre de 2024, por la cual reclamaba el cumplimiento de la resolución del mes de febrero por la que ya se dio un mes al anterior alcalde, el independiente Felipe Cayuela, para iniciar el expediente.
El objetivo es que se dé cumplimiento a la sentencia firme en la que se señala que la licencia presenta «vicios de nulidad», de modo que su anulación sería uno de los pasos necesarios para acometer la demolición del polémico inmueble y «devolver a su estado originario» el paraje, «que debió mantenerse inalterable», según concluyó el Tribunal Supremo.
La ponente María Isabel Moreno Verdejo hizo tal requerimiento al Ayuntamiento aunque no se pronunció sobre la posibilidad de que sea el propio TSJA el que, subsidiariamente, ejecute la sentencia y revise el expediente, tal y como interesó la propia constructora en su escrito inicial y también apoyaron los colectivos ecologistas.
A este extremo, sin embargo, se opuso la Junta de Andalucía que, si bien sostiene que la anulación de la licencia es la vía más corta para tumbar el hotel, cree que solo el Consistorio carbonero tiene la potestad para efectuar dicho trámite en virtud del «principio de identidad», dado que fue al Ayuntamiento al que se impuso la «obligación de admitir y tramitar el procedimiento administrativo».
La licencia de obras fue otorgada el 20 de enero de 2003 por la junta de gobierno del Ayuntamiento de Carboneras, que actuó por delegación del alcalde, a quien era el que tenía atribuida la competencia.
De forma paralela, al alcalde también ha remitido ya al TSJA la corrección de errores en los documentos técnicos de su plan de ordenación urbana en el procedimiento que se sigue para declarar de manera efectiva como «no urbanizables» los terrenos de El Canillar y El Algarrobico.
Desde el Ayuntamiento confían en que dicho trámite permita dar cumplimiento al fallo que obliga a reclasificar los suelos protegidos del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar en los que se asienta parte del hotel.
