En la magnífica película de Tarantino, “Pulp Fiction”, un personaje singular, el Sr. Lobo interpretado por Harvey Keitel, actúa de limpiador de la mafia al cual se le encomendaba el borrado de las pruebas del crimen. Tras la llamada, el Sr. Lobo aparecía en la escena con el material adecuado: guantes, bolsas de plástico, herramientas, etc., y con la parsimonia de un profesional de la limpieza, dejaba la escena impoluta sin rastro de pruebas incriminatorias. En la vida cotidiana la realidad a veces puede superar a la ficción.
Cuando el Consejo General del Poder Judicial consideró a D. Álvaro García Ortiz no idóneo para el cargo de fiscal general del Estado, D. Álvaro apretó los dientes y sonrió. Meses después, el Tribunal Supremo le trasladó un auto donde se aprecia desvío de poder en el nombramiento de quien fuera su jeja, Dolores Delgado, como fiscal de sala de T. Supremo. D. Álvaro apretó los dientes y sonrió. A tenor de estos hechos, el Consejo Fiscal y la mayoría de fiscales se pronunciaron sobre la urgente necesidad de que D. Álvaro dimitiera para no perjudicar, más aún, la imagen de la Fiscalía. D. Álvaro apretó los dientes y sonrió. El Colegio de Abogados de Madrid interpuso una querella contra el fiscal general del Estado por supuesta revelación de secretos que perjudican notoriamente el derecho de defensa de un particular, filtrando datos de la negociación de su abogado con el fiscal de delitos económicos. D. Álvaro apretó los dientes y sonrió. El Tribunal Supremo notificó a D. Álvaro el inicio de una investigación para esclarecer estos hechos gravísimos. D. Álvaro apretó los dientes y sonrió. Avanzada la investigación y en calidad de imputado, el magistrado instructor de la Sala Segunda del Tribunal Supremo ordenó un registro del despacho oficial de D. Álvaro y la requisa de todos los terminales informáticos y teléfonos móviles. D. Álvaro apretó los dientes y sonrió. Minutos antes de esa sonrisa, D. Álvaro tuvo tiempo para borrar minuciosamente 5.877 mensajes de WhatsApp. También pudo eliminar todos los correos que contenían los terminales y dar de baja su cuenta de correo con Google. Con estas maniobras los agentes de la UCO afirman en su informe que “no ha sido posible la recuperación de datos debido a la eliminación deliberada de la cuenta de Google asociada al servicio”. No obstante, D. Álvaro apretó los dientes y sonrió.
La investigación ha seguido su curso y, en consecuencia, siguiendo el procedimiento habitual el magistrado instructor citó a D. Álvaro a declarar en el Tribunal Supremo en calidad de investigado (imputado). D. Álvaro apretó los dientes y sonrió. Cuando finalmente, y tras varios aplazamientos, D. Álvaro acudió a declarar ante este magistrado, a la entrada del T. Supremo mostraba esa sonrisa a los medios informativos. Según hemos sabido, su actitud en esta declaración fue altiva y retadora, sin el más remoto interés por colaborar con la Justicia en el esclarecimiento de estos hechos, negándose a responder a las preguntas del magistrado, incluso llegó a acusarle torticeramente de prevaricación al afirmar que el magistrado estaba actuando con una predeterminación manifiesta. A la salida de esta bochornosa comparecencia, D. Álvaro apretó los dientes y volvió a sonreír.
Estos hechos han sido motivo de multitud de informaciones y opiniones ocupando durante meses la actualidad informativa. Esa sonrisa y sus posibles motivaciones son objeto de un seguimiento informativo que plantea algunas interrogantes. Los dientes apretados son signo de adversidad, opina un psicólogo. La sonrisa es signo de seguridad y de superioridad. Y es posible que en esa seguridad y superioridad se mueva el ánimo de D. Álvaro, porque sabe bien que es pieza clave de un asunto que le sobrepasa, porque hay un núcleo de poder que ha sido capaz de enlazar piezas y organizar un puzzle donde la Fiscalía General del Estado es fundamental. Pero D. Álvaro no puede dimitir, debe continuar más allá de lo que dicten los tribunales, más allá de la opinión pública, más allá de la decencia institucional y la dignidad. Y por supuesto, más allá del aquel juramento al servicio de la Justicia. La sonrisa podría señalar a alguien que se sabe más allá del bien y del mal, miembro de una mayoría “progresista” instalada en la política, en la Administración del Estado y también en los órganos de justicia. Los comentaristas políticos se refieren a la mayoría “progresista” de miembros del Tribunal Constitucional. Hasta ahí se ha degradado la democracia española tras cincuenta años de avatares diversos. ¿Qué podría sospechar un cargo público ajeno al “progresismo” si hubiera de defenderse ante un Tribunal Constitucional con mayoría “progresista”?
Todo aparenta que el círculo “progresista” haya ensayado con éxito una especie de blindaje para supuestos delincuentes “progresistas”. La celebración en Sevilla de altos cargos “progresistas” condenados por la Sala Segunda del Tribunal Supremo a prisión e inhabilitación, habiendo sido probados los graves delitos de prevaricación continuada y malversación fraudulenta de caudales públicos, puede dar una pista por dónde puede discurrir el porvenir del ahora investigado. La mayoría de analistas y juristas adelantan que es muy posible que la mayoría “progresista” del Tribunal Constitucional sea la esperanza ultima de D. Álvaro, y que esta mayoría no va a fallar como no falló con los implicados en los casos de Andalucía. No es posible predecir si el magistrado instructor llevará a D. Álvaro a juicio oral y haya de sentarse en el banquillo de los acusados. Menos aún se puede aventurar sobre una sentencia condenatoria, son cuestiones que ha de dilucidar el más Alto Tribunal y magistrados de reconocido prestigio que actúan y resuelven según indicios razonables de delito. La cuestión dañina para la confianza en la Justicia es la reiterada adhesión al poder político, según se desprende de las sentencias o dictámenes del Tribunal Constitucional, donde esa mayoría “progresista” decide.
Estas circunstancias inimaginables en un Estado de Derecho influyen en el Índice de Percepción de la Corrupción publicado el 11 de febrero de 2025 por Trasparencia Internacional, que ha rebajado a España al 46 lugar en calidad democrática, en un total de 180 países analizados. El año pasado estábamos en el lugar 36. La lectura del acta de esta institución internacional es deprimente para los españoles, hemos retrocedido en un año diez posiciones y ello se debe, según el acta “a un estancamiento de las políticas anticorrupción en el ámbito nacional”. Se entiende a la perfección. La conclusión es que este gobierno “progresista”, con la colaboración de grupos políticos y sociales “progresistas”, y de manera determinante por una mayoría de magistrados “progresistas” afincados en el Tribunal Constitucional, ha degradado la democracia española a niveles de Ruanda y Botsuana. Una conjunción de ideologías extremas, fanatismo y corrupción se ayudan en el derribo de los mayores logros de la Transición. Ese podría ser el objetivo de tanta “progresía”.
D. Álvaro o el Sr. Lobo pueden sonreír. De momento.
