La muerte de un hijo en el mar en extrañas circunstancias, muy probablemente asesinado, lejos de hundir al carbonero Joaquín Amills, le empujó a fundar ‘SOS desaparecidos’, una organización sin ánimo de lucro dedicada a buscar a quienes se extravían sin dejar rastro. Sin embargo, recientemente saltó a la actualidad como portavoz de la familia de las dos niñas presuntamente asesinadas y arrojadas al mar por su padre en Tenerife. Amills reveló detalles del suceso y su conclusión: “Gimeno mató a sus hijas para hacer sufrir a su exmujer y se suicidó por cobardía”.
La Audiencia Nacional no obligó al CSN a descontaminar Palomares a pesar de revelar que los Gobiernos de España y EEUU decidieron convertir la barriada de Cuevas en un laboratorio radiactivo a cielo abierto.
Los promotores de Cabrera condenados a aportar 2,5 millones.- El Juzgado ordenó ejecutar la sentencia que anuló una decisión adoptada en 1993 por la Junta de Compensación de Sierra Cabrera. Los promotores, entre ellos el exalcalde de Los Gallardos Segundo Ramírez, hicieron valer la mayoría de sus votos, por ser los principales propietarios del sector, para atribuir sólo a los vecinos la obligación de sufragar el mantenimiento de las urbanizaciones. Fuentes municipales calculaban en 2,5 millones la cantidad que habían de aportar los promotores. La gestión en la Sierra provocó tensiones entre los vecinos como la mostrada en la imagen.
Querella contra la alcaldesa de Garrucha.- El concejal de Garrucha para la Gente, Álvaro Ramos, presentó el 28 de julio una querella contra la regidora María Antonia López (PSOE) por un presunto “delito contras los derechos cívicos”. Ramos solicitó información acerca de diversas facturas en noviembre de 2020, así como el expediente relacionado con una sanción de la Inspección de Trabajo por el pago de sueldos encubiertos como dietas, sin que aún se le haya facilitado.
Isabel Alonso premio Familia-Empresa de BBVA.- La Cátedra BBVA de Empresa Familiar de San Telmo Bussiness School reconoció con el premio Familia-Empresa a Isabel Alonso Transportes. BBVA destacó el “gran crecimiento” experimentado por la compañía antense durante los últimos años, que le avalaba como “una de las empresas líderes, capaz de responder a las necesidades de sus clientes de una forma eficiente y eficaz”.
Primer éxito del “Tío de la gorra”.- La plataforma de contratación del Gobierno de España publicaba el 9 de julio la licitación del estudio de viabilidad de la línea férrea Guadix-Almendricos. Era el primer triunfo de Antonio Francisco Martínez, un bastetano que llevaba 36 años persiguiendo a los ministros de Fomento exigiendo la reapertura del ferrocarril del Almanzora ataviado con una gorra de jefe de estación.
España aceptó convertir Palomares en un laboratorio sobre los efectos del plutonio
La Audiencia Nacional rechazó el recurso presentado en 2017 por Ecologistas en Acción. De esa manera, exoneró el 22 de junio al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) de limpiar el suelo contaminado con plutonio en Palomares, y parte de Vera, desde la colisión entre dos aviones de la armada norteamericana que tuvo lugar el 17 de enero de 1966.
Dos semanas después, trascendió el voto particular de los dos magistrados que se opusieron al veredicto dictado por los otros tres miembros del Tribunal.
En medio de sus argumentos, revelaron algunas decisiones adoptadas por diferentes Gobiernos de España, entre ellas, las recogidas en el convenio firmado con EEUU en 1966, después ratificadas en otros tres acuerdos suscritos entre 1997 y 2009. Ambos países pactaron “el seguimiento radiológico de los materiales liberados en el accidente considerando los beneficios que para la Humanidad aportaría el aumento del conocimiento científico de los efectos de la radiación sobre la salud y el medio ambiente”. En otras palabras, convirtieron Palomares en un laboratorio radiactivo a cielo abierto que aún continúa activo.
El TSJA impidió derribar El Algarrobico porque “dispone de licencia”. Al mismo tiempo obligaba al Ayuntamiento de Carboneras a “revisar de oficio” la citada autorización. Ecologistas en Acción denunció al alcalde de Carboneras por “desobediencia”
EL ALGARROBICO NO SE DERRIBA
En el último capítulo de la comedia de enredo en que parece haberse convertido el caso Algarrobico, el TSJA fallaba en julio que el emblemático edificio no se podía demoler porque “la obra dispone de licencia válida”, firmada por Cristóbal Fernández (PSOE) en 2003. Al mismo tiempo, el Tribunal obligaba al Ayuntamiento de Carboneras a “revisar de oficio” la citada autorización.
El alcalde José Luis Amérigo (PSOE) –sobrino de Fernández-, indicaba que “seguirá actuando en colaboración con la Justicia”.
Por su parte, Ecologistas en Acción registró un escrito en el TSJA solicitando que se investigara al regidor por un delito de desobediencia por no anular la licencia ni calificar como no urbanizables en su ordenamiento urbanístico los terrenos en que se erige el frustrado proyecto de hotel, tal y como exigen “numerosas sentencias”.
Antonio Segura intentó pasar en la asamblea de Climasol como auditoría lo que el autor del documento calificó como “informe con algunas observaciones”. Como de costumbre, el abogado llegó a la reunión con más votos delegados que socios presentes.
LA ‘AUDITORÍA’ ERA UN INFORME
El 15 de julio se celebró en el Auditorio Ciudad de Vera la asamblea de la SAT Climasol.
Como de costumbre, el presidente Antonio Segura llegó a la reunión con más votos delegados en el bolsillo que comuneros asistieron al acto.
El abogado tomó la palabra y comenzó a leer un documento que exhibió como ‘auditoría’, pero no repartió a los presentes.
Alguien preguntó al autor del dossier –que estaba en el acto- si se trataba realmente de una auditoría, como dijo el presidente. La respuesta fue que no. Era “un informe con algunas observaciones” que no fueron leídas por Segura.
Ante la petición de más información por parte del mismo socio, el presidente de la SAT le amenazó con expulsarle.
PAGAS SUPEREXTRAS EN CARBONERAS
La Junta de Gobierno Local aprobó por unanimidad con carácter urgente el 1 de julio un complemento extra para tres trabajadores de la nómina municipal, destacados socialistas.
Así, Juana Caparrós –que llegó a ser edil del PSOE- cobró 1.200 euros por ese concepto, mientras que Encarna Márquez y Diego Hernández sumaron 800 al complemento de productividad de 750 euros que cobran todos los empleados municipales sólo por cumplir el horario, así como a la extra de verano y la nómina de junio.
AMÉRIGO PAGA AYUDAS COVID ¡DE 2020!
No fueron los 145.000 euros prometidos, sino 88.800, los que empezó a repartir el Ayuntamiento de Carboneras el 20 de julio, quince meses después de que, en abril del año anterior, prometiera ayudas de 700 y 1.000 euros a los autónomos y pymes del pueblo para paliar los efectos de la pandemia sobre la economía local.
Así, un asunto que el resto de municipios de la comarca resolvió en algunas semanas o muy pocos meses, el Gobierno carbonero tardó cerca de año y medio en solventar. 94 emprendedores locales recibieron 700 euros y sólo 23 alcanzaron los 1.000.
El Ministerio del Interior propuso al Ayuntamiento de Vera que se hiciera cargo del derribo del antiguo cuartel de la Guardia Civil y la construcción de uno nuevo en la ciudad. El Gobierno le pagaría permitiendo al Consistorio quedarse con un trocito del solar
EL TIMO DEL CUARTEL
Si no lo era, tenía toda la pinta. El Ministerio del Interior propuso al Ayuntamiento de Vera que se hiciera cargo del derribo del antiguo cuartel de la Guardia Civil y la construcción de uno nuevo en la ciudad. El Gobierno le pagaría permitiendo al Consistorio quedarse con un trocito del solar. “Es inaceptable, se ríe de nosotros”, dijo el teniente de alcalde, Alfonso García. Mientras tanto, los guardias compartían, desde el 30 de marzo de 2020, las dependencias de la Policía Local, cuyos gastos sufraga el municipio.
El Consistorio estaría dispuesto a permutar la parcela en que se erige el viejo cuartel por otra y contribuir con una aportación económica “razonable”, pero no a pagar el 100% de una competencia del Estado.
Suspendida la concesión del geriátrico de Mojácar
La propuesta de adjudicación de la gestión de la nueva residencia de mayores de Mojácar a Arquisocial SL, fue suspendida cuando estaba previsto que el Pleno la aprobara el pasado 8 de julio.
Arquisocial cubriría el servicio durante 25 años por 2,7 millones de euros, sin embargo, la otra aspirante, Servicios Geriátricos Indalo, SL, presentó alegaciones por distintos defectos de forma en el procedimiento, entre ellos, la aplicación de una normativa no vigente. A tenor de lo expuesto, solicitó que el expediente fuera examinado por un comité de expertos, siendo admitida la petición por la Mesa de Contratación.
DESALADORA DE LA VERGÜENZA: REPARACIÓN AUTORIZADA
El Consejo de Ministros autorizó el pasado 20 de julio la redacción del proyecto y la ejecución de las obras de reparación de la desaladora del Bajo Almanzora, conocida como la de la vergüenza porque nunca llegó a funcionar. La riada de 2012 la dejó inservible antes de su puesta en marcha.
La inversión prevista es de 19,9 millones, y la duración de los trabajos será de 48 meses.
El alcalde de Cuevas del Almanzora, Antonio Fernández Liria (PSOE), expresaba su satisfacción por la “apuesta” del Ministerio para “solventar el problema del agua”.
A los regantes les resultaba “excesivo” el periodo de cuatro años para reparar la planta, cuando ellos tienen previsto construir una nueva de similares características “en 18 meses”.
MENOS TAJO
El Consejo de Ministros aprobó el 27 de julio el cambio en la regla de explotación del Trasvase Tajo-Segura, que suponía rebajar el volumen a transferir en situación de normalidad hidrológica de 38 a 27 Hm3 por mes, es decir, 11 menos, de los que 0,6 dejarían de llegar al Levante almeriense.
La medida entró en vigor en el momento de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), es decir, al día siguiente, un momento calificado como “inoportuno” por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS). “Lo prudente es que se realice cuando se apruebe la nueva planificación del río”, cuyo proyecto estaba en periodo de información pública, y al que los regantes pensaban presentar alegaciones elaboradas por destacados ingenieros.
CUEVAS REUTILIZARÁ LAS AGUAS RESIDUALES
La delegada de Agricultura, Aránzazu Martín, anunció el 2 de julio que ya se había firmado el contrato para la redacción del proyecto y construcción de una nueva depuradora de aguas residuales en Cuevas del Almanzora.
La inversión alcanzaría 7,6 millones de euros, y el plazo de ejecución total sería de 18 meses. La nueva infraestructura dará servicio a 20.000 habitantes, cuando la población actual es de 14.455.
La principal novedad consistía en la inclusión de un sistema de decantación terciario que permitirá la reutilización de las aguas procesadas para baldeo de calles o el riego de cultivos leñosos.
La ‘maldición’ de El Argar
Dos ministros de Cultura cesados en año y medio tras mostrar su apoyo a la rehabilitación de El Argar daban cuerpo a una ‘maldición’ ligada al yacimiento antuso.
El presidente Sánchez informó el relevo como ministro de Cultura de José Manuel Rodríguez Uribes el pasado 10 de julio. El cese ocurría un día después de que el ministro mostrara interés por contribuir a la rehabilitación de El Argar; la capital de un primigenio Estado que abarcaba más de 50.000 Km2 en el sureste peninsular, y el yacimiento más importante de la Edad del Bronce en Europa.
El cesado corría la misma suerte que su antecesor, el pulpileño José Guirao, quien fue sustituido en enero de 2020, apenas un mes después de visitar la meseta de El Argar y apoyar la puesta en valor del antiguo poblado.
Quedaba por conocer el futuro de Miguel Iceta.
