El tiempo de crisis que generó la epidemia de covid creó oportunidades económicas que no pasaron desapercibidas a los desalmados. Unos traficaron sin ningún escrúpulo con productos sanitarios y otros se enriquecieron traficando con las citas en el Departamento de Extranjería para tramitar los permisos de residencia, cuando el Gobierno impuso que se solicitaran telemáticamente.
Esta decisión fue y sigue siendo “aprovechada por las mafias para lucrarse a costa de la desesperación” de los inmigrantes, cuenta Antonio Pozo, coordinador del Centro Integral de la Diversidad (CID) de Vera. En la comarca “estafan anualmente a 1.200 desde hace tres años. Les venden citas que son gratuitas para que les atienda en la oficina de extranjería, y ellos aceptan su condición de víctimas por el pánico a perder la autorización para seguir viviendo en España”.
La manera de actuar de estas organizaciones se apoya en las nuevas tecnologías. Pozo describe que, mediante ‘bots’ -programas informáticos que infiltran en las webs de la Policía Nacional-, las mafias acaparan todas las citas –que son gratuitas- para gestionar permisos de residencia, y luego las ofrecen a los interesados en el mercado negro. “Suelen pedir 50 euros, pero sé de casos en que han llegado a pagar hasta 1.000. Todo depende del nivel de desesperación de la víctima”.
Pozo propone volver al sistema anterior a la pandemia. Hasta ese momento, la Comisaría de Policía Nacional de Almería asignaba un cupo diario de citas para permisos de residencia a centros municipales como el de Vera, desde donde se repartían “cinco o seis diarias” a vecinos de la comarca. Eso dejó de ocurrir “en 2020”, nada más entrar en vigor el estado de alarma el 14 de marzo de ese año. Desde entonces, “resulta prácticamente imposible acceder a una”. La mayoría de los inmigrantes acuden al CID para que se las tramiten, pero el coordinador confiesa que lleva “muchos meses sin conseguir una”. Después observa que los solicitantes “acaban encontrándolas en el mercado negro”.
El técnico municipal ilustra la “impunidad y el descaro” con que actúan estas mafias. Observó “atónito” cómo una tienda regentada por un magrebí exhibía junto a la puerta una hoja de papel con las tarifas de citas y lo notificó a la Policía Local. Pozo habla de tarifas porque el tráfico ilegal no se limita a los trámites de los permisos de residencia en la Policía Nacional, “afecta a todos los departamentos de la Administración: el INEM, el médico o la ITV también están en este mercado”.
El problema no atañe únicamente al Levante Almeriense o a la provincia. Se extiende a escala nacional. La Administración y el Gobierno lo conocen. Los acusa de “connivencia, porque no hacen nada por remediarlo y va a peor”. El coordinador del CID de Vera ha enviado “numerosos” correos electrónicos informando de la situación al Departamento de Extranjería de la Comisaría de Almería, incluida “la jefa del servicio”. Pero las víctimas no denuncian. “El miedo a represalias de las mafias es superior incluso a la ansiedad que sienten, porque la caducidad de un permiso de residencia puede suponerles la expulsión de España”, apostilla.
“QUE SE MUEVAN LOS ALCALDES”
El técnico veratense urge una solución. Sostiene que la Administración debe ser “efectiva” y “cumplir la ley”. Porque la legislación permite la relación telemática con los usuarios, pero “como un medio más, nunca el único, que parece la tendencia generalizada, aun siendo ilegal negar la atención personalizada”.
Propone fórmulas para resolver el problema: “mejorar la seguridad de las redes informáticas de la Administración y dotar con más personal a los departamentos de atención al ciudadano para impedir la actuación de las mafias”. No obstante, insiste en que “la más fácil y menos costosa consiste en volver al sistema anterior a la pandemia, suministrando cupos de citas a los CID municipales”. También apela a la movilización de los alcaldes: “La situación es intolerable. Hablamos de un delito del que son víctimas vecinos ecuatorianos, marroquíes o senegaleses que trabajan y consumen aquí y, por tanto, son también veratenses, cuevanos, pulpileños huercalenses o antusos. El Gobierno de España conoce el problema desde hace años y no hace nada por remediarlo. Los regidores de la comarca y la provincia entera deberían plantarse en la Subdelegación del Gobierno y exigir una solución a estos ciudadanos estafados por indeseables que aprovechan su desesperación para enriquecerse”.
