Los ayuntamientos dicen que la okupación ha remitido en los últimos años en la comarca, pero los datos de Antiokupa, la única empresa radicada en la zona dedicada a desalojar intrusos, aseguran lo contrario. “Hay cerca de un millar de viviendas okupadas en el Levante almeriense que los políticos dicen no ver”, resume José, el gerente de la compañía.
De ese millar, la mitad se concentran en tres municipios: Cuevas del Almanzora, Vera y Garrucha. Cuevas del Almanzora es la ciudad donde el problema golpea con mayor contundencia. “Son más de 200 las casas usurpadas”. José apunta una particularidad que dificulta los desalojos en esta localidad: “hay muchas propiedades, fundamentalmente cuevas, sin escritura, lo que complica a sus dueños recuperarlas de manera legal”. Un ejemplo destacado es de un pequeño inversor propietario de cinco pisos que han sido okupados. En Palomares, los 10 de un edificio “permanecen usurpados desde hace años”.
El segundo municipio en número de viviendas okupadas, “con cerca de 200”, es Vera. Según el gerente de Antiokupa, su Ayuntamiento “es el único” de la comarca que “tiene un plan y actúa de manera constante” contra esta “plaga”. Crearon la primera Comisión Municipal Antiokupación de España en septiembre de 2020; instauró un sistema de alerta vecinal hace dos años y puso en marcha simultáneamente una estrategia de desalojo judicial exprés mediante informes de inhabitabilidad sobre viviendas con acometidas ilegales de agua o electricidad que, al no estar homologadas, podrían provocar inundaciones e incendios.
De esa forma consiguieron recuperar “ocho o diez pisos en el edificio Pawui, pero los okupas se instalaron inmediatamente en otro inmueble situado a menos de 100 metros”. No sólo eso, detrás de la Iglesia “hay un bloque completamente okupado, y los cuatro que construyó la Junta para alquileres sociales en la Calle Carlos V, conocidos como ‘la cárcel’, siguen completamente en poder de intrusos”.
Garrucha, con “alrededor de 100”, es la tercera localidad del Levante almeriense en número de viviendas okupadas. “La mayor parte están en la zona alta”, pero también las hay repartidas por el resto del casco urbano, como la “media docena de chalés en la playa”. Recientemente, frente a la Plaza de Abastos, los propietarios de un edificio consiguieron desalojar “los seis pisos pagando 2.500 euros por cada uno a los okupas”.
El resto de municipios no se libra de este problema. José destaca el caso de Turre, donde cifra en 15 el número de casas afectadas, un número “muy elevado para el tamaño del pueblo”. Hace dos años, una entidad financiera recuperó los 10 pisos de un céntrico edificio “tras pagar” a los usurpadores, que okuparon “inmediatamente” otros. Punto caliente es también el situado en una calle próxima a “SuperTurre”. A mediados de julio, dos magrebíes entraron en una casa propiedad de un banco. Los vecinos salieron a la calle “alarmados por la potente detonación provocada al engancharse a la red eléctrica”.
Antiokupa realiza “entre 10 y 15” recuperaciones al mes en la comarca, pero eso no significa que los okupas desaparezcan o decidan acceder a un hogar de manera reglada, “simplemente allanan otra propiedad, por lo general, en el mismo pueblo”. Apunta José que, en Mojácar, ya ha desalojado en tres ocasiones al mismo individuo de tres viviendas diferentes. Mojácar es precisamente el municipio con menor tasa de okupaciones. Allí han desalojado una vivienda que llevaba “12 años allanada” y un chalé donde se había instalado “una pareja de abogados”. El gerente de Antiokupa cree que los okupas no se encuentran cómodos en vecindarios de “más alto nivel”, aunque en Vera se hicieron con “una mansión valorada en más de tres millones de euros” de la que se ha logrado echarlos.
“90% MAGREBÍES”
En cuanto a la procedencia de los okupas, José revela que “el 90% son magrebíes, un 5% procede del resto de África y el 5% restante son españoles y de otras procedencias”.
El profesional es contrario a la práctica de algunos propietarios -“fundamentalmente bancos y fondos de inversión”- de pagar para recuperar sus viviendas, porque, al hacerlo, “les estimulan a continuar convirtiendo el delito en una fuente de ingresos”. No obstante, dice entender a los dueños que lo hacen, porque “una vivienda okupada, entre gastos y alquileres no percibidos, supone al propietario una pérdida media de 700 euros al mes, es decir, cerca de 10.000 al año, sin incluir los daños que suelen ocasionar los okupas al inmueble”.
Finalmente, José revela el “enorme incremento de encargos” de desalojos a empresas como la suya. “Las víctimas saben que, en el mejor de los casos, la Justicia tarda más de cuatro años en ordenar un desahucio y prefieren acudir a nosotros, que tenemos protocolos para, siempre dentro de la legalidad, conseguirlo en muy pocos días”.
