La absolución de María Isabel López cose la fractura del Gobierno de Turre

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21 de junio de 2021. Los ediles socialistas posan en la puerta el Ayuntamiento tras registrar su dimisión.

La socialista será investida alcaldesa y sus tres compañeros concejales volverán al ejecutivo local. Los dos representantes de Turre para la Gente asumen la sentencia  que declara a María Isabel inocente y se disponen a facilitar la alternancia pactada. Hasta ahora, los de Turre para la Gente se amparaban en el código ético de la formación para no entregar la alcaldía a una investigada. Tampoco el PSOE, enrocado, aceptó la oferta de presentar un candidato alternativo. Veremos si los nuevos acontecimientos reparan unas relaciones rotas


Dos concejales de Turre para la Gente han gobernado en solitario una Corporación de once durante seis meses

La Audiencia Provincial de Almería ha absuelto a la exalcaldesa socialista de Turre, María Isabel López, al «descartar» que dictase «tan solo a su propia voluntad» la resolución con la que denegó en septiembre de 2019 la instalación de un puesto de dulces en el recinto ferial y que la decisión fuese, por tanto, «arbitraria».

La sentencia fue conocida el viernes 3 de diciembre, el día en que comenzaba el puente de la Constitución, y tuvo consecuencias inmediatas para el Gobierno de Turre.

El alcalde Martín Morales (Turre para la Gente, TpG) registró su dimisión el 9 de diciembre. El cese fue efectivo durante el Pleno extraordinario que tuvo lugar el pasado día 20 únicamente con ese asunto en el orden del día, y el 27 está previsto que María Isabel López sea investida como nueva regidora hasta el fin del mandato. Para los que anotan pequeños detalles de la Historia quedará que, durante el tiempo que transcurra entre ambas jornadas, apenas una semana, la primera autoridad local será David Ruiz (TpG), teniente de alcalde durante los últimos casi seis meses.

Esta secuencia debió suceder a mediados de junio. Cabe recordar que las últimas elecciones municipales otorgaron, de un total de once, cinco actas de concejal al PP, cuatro al PSOE y dos a TpG. Las dos formaciones de izquierdas acordaron reeditar un pacto similar al firmado para el anterior mandato. Eso significaba que Martín Morales sería alcalde en primer lugar y, dos años después, entregaría el relevo a López.

Sin embargo, la denuncia de un veterano vendedor de dulces –el conocido Santero- alteró el guion. El Juzgado número 4 de Vera determinó la existencia de un posible delito de prevaricación en una resolución de la líder socialista de Turre, siendo alcaldesa, durante la feria de 2018.

María Isabel López negó a un empresario de Carboneras, Pascual ‘El Santero’, la autorización para instalar un puesto de venta de confites en el lugar donde su familia venía haciéndolo desde hacía medio siglo.

La situación de investigada de la candidata fue el argumento utilizado por los concejales de TpG para no investir a López. La plataforma de izquierdas no renunciaba a entregar la alcaldía a cualquier otro socialista no imputado. El PSOE insistía en que su única opción era la exalcaldesa. De nada sirvieron las reuniones mantenidas entre los dos partidos, en las que participaron los máximos responsables provinciales de ambos.  

SE ROMPE EL PACTO

Sin llegar a ningún acuerdo, los ediles socialistas registraron un escrito el 21 de junio en la Secretaría municipal. Era la renuncia a sus puestos en el equipo de Gobierno local, así como a los emolumentos que percibían por ellos. Como el alcalde no firmaba su cese, el 9 de julio solicitaron un Pleno extraordinario para que se diera cuenta de su voluntad. El Gobierno de Turre había estallado, y quedaban sólo dos ediles, los de TpG, para regir la Corporación frente a nueve en la oposición.

En contra de lo previsible, todos los plenos celebrados desde entonces se celebraron con absoluta normalidad. Más aún, todos los puntos del orden del día han salido adelante por unanimidad.

El 2 de noviembre tuvo lugar el juicio. Morales avanzó que le bastaba que su exsocia de gobierno fuera absuelta en primera instancia para entregarle la alcaldía. No iba a esperar a que culminara el largo proceso resultante de previsibles recursos.

Ahora, una vez conocida la sentencia, la dimisión del regidor confirma su palabra, que habrá de ejecutarse el 27 de diciembre, después del cierre de esta edición. Entonces, según lo previsto, María Isabel López será de nuevo alcaldesa y los demás concejales socialistas volverán a aceptar sus anteriores responsabilidades.

No obstante, desde ese momento cabrá observar hasta qué punto han cicatrizado las heridas abiertas entre los dos socios y si han dejado secuelas o algún que otro efecto secundario.

La exalcaldesa no prevaricó


La Justicia ha determinado que María Isabel López, líder de los socialistas de Turre y entonces alcaldesa, no cometió el delito de prevaricación del que la acusaba el fiscal por haber negado la instalación de un puesto de dulces al empresario de Carboneras conocido como ‘El Santero’ en las fiestas de 2018.

«No podemos considerarla como una conducta prevaricadora», mantiene la sentencia de la Audiencia Provincial, que añade que ha quedado «fuera de toda de duda» que el jefe de la Policía Local informó a la exregidora de que la instalación del puesto «podía plantear problemas de seguridad» y que el «orden público» de «la feria del pueblo podría verse comprometido».
El fallo indica que la resolución por la que fue denunciada López, quien se enfrentaba a una pena de 12 años de inhabilitación para empleo o cargo público, «puede ser discutida y no ajustada a derecho» al existir «dudas sobre si se adapta o no a la normativa municipal», pero que es «explicable» desde el punto de vista «jurídico», ya que cabe «interpretarla basándose en la función municipal de salvaguardar el orden público».
Para el Tribunal, el hecho de que el propietario del puesto de turrones fuese sancionado por «un incidente de calado protagonizado» por él días antes en el «despacho de la alcaldesa», una fuerte y desagradable discusión que ha quedado «plenamente acreditada», hace que su conducta «pueda entenderse de suficiente entidad para interpretar» que su instalación en la feria «suponía un riesgo para el orden público».
Los magistrados explican que, en esas circunstancias “no se puede sostener que la acusada trató de imponer su caprichosa o arbitraria voluntad en perjuicio del interés público», recoge el fallo, que concluye, además, que no ha quedado «acreditado» que la decisión supusiera una «infracción del deber de objetividad en los intereses generales».
Frente al criterio defendido tanto por el fiscal como por la acusación particular de que la adjudicación de los puestos se regía por costumbre y que tenía preferencia el puesto que más antigüedad tuviera, el Tribunal considera que prima el «orden público».
También señalan los magistrados la contradicción sobre los criterios de adjudicación de los puestos en el recinto ferial. Así, mientras el denunciante aludió a la “antigüedad”, el jefe de Policía Local lo hizo a la “calidad” del producto, «si bien este último reconoció que al menos se respeta a los que estuvieron un año antes en la feria y se les llama al siguiente para ver si quieren volver».
Por último, destaca que si ya resulta «muy dudoso» en este caso hablar de una «resolución administrativa contraria» al ordenamiento jurídico, «menos aún» se puede hablar de que se trate «de una resolución arbitraria y dictada a sabiendas de su injusticia», por lo que el Tribunal entiende que María Isabel López no prevaricó.

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