El Tribunal ha condenado al exalcalde de Carboneras a 13 años de inhabilitación. Le considera culpable de un delito de prevaricación por realizar varias contrataciones irregulares. La sentencia no es firme, pero coloca al líder de Gicar en una mala posición para sus expectativas de volver a regir su pueblo
El exprimer edil se valió de la Junta de Gobierno Local para adoptar una serie de decisiones administrativas «contrarias a la ley»
“No es admisible que se contrate con la misma empresa durante varios años sin que se facilite que otras puedan ser contratadas»
Hacienda observó “irregularidades” en los contratos firmados por Cristóbal Fernández que no se juzgan porque nadie le ha denunciado
La Audiencia Provincial de Almería condenó el pasado 15 de noviembre al exalcalde de Carboneras y actual edil en la oposición, Salvador Hernández (Gicar), a 13 años de inhabilitación especial “para los cargos de alcalde, teniente de alcalde o concejal”. Los magistrados dan por probado que, durante su etapa como regidor entre 2011 y 2017, incurrió en un “delito continuado de prevaricación administrativa” al efectuar varias contrataciones irregulares con dos empresas.
El veredicto no es firme. Aún cabe recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), sin embargo, supone un contundente revés para las expectativas que Hernández mantiene sobre volver a regir su pueblo. También para un importante número de carboneros que recuerdan cómo puso fin al imperio del condenado por delito electoral, aunque después indultado por José Luis Rodríguez Zapatero, Cristóbal Fernández (PSOE); hoy gerente del Grupo de Desarrollo Pesquero y tío del actual alcalde
EL FALLO
El Tribunal considera probado que Salvador Hernández adoptó un conjunto de decisiones administrativas «contrarias a la ley» al adjudicar varios servicios a dos empresas «tramitándolos indebidamente como contratos menores». Sostienen los magistrados que lo hizo «a sabiendas de su ilegalidad y de ser actos contrarios a derecho».
La Sección Tercera de la Audiencia Provincial afirma que el exalcalde obró “con el conocimiento de actuar en contra del derecho» con el único fin de satisfacer su “voluntad particular”.
En contraposición, la defensa alegó que Hernández «no es técnico en derecho, nunca actuó contrariamente a lo informado por el secretario municipal y tan solo pretendió resolver la tremenda problemática y el caos que existían en el Ayuntamiento que le tocó regir». Pero estos argumentos no lograron convencer a los magistrados.
En sus fundamentos, el Tribunal estima que el acusado «descargó una y otra vez responsabilidades durante su interrogatorio aludiendo de forma recurrente a las dificultades que encontró en su gestión» y a que «nunca» firmó nada «en contra de los informes técnicos y jurídicos». A pesar de ello, los magistrados destacan que el exalcalde era consciente de que la forma de contratar “no era la adecuada” y, aun así, “la mantuvo en el tiempo”.
Ahonda el Tribunal en que “cualquier ciudadano medio, lego en derecho”, sabe que “no es admisible” contratar a la “misma empresa” durante “varios años” o en “varias ocasiones” sin que se facilite que “otras empresas” puedan ser contratadas. Abundan que «normalmente cualquier particular” suele pedir “varios precios” antes de contratar un servicio.
Si bien los juzgadores conceden que tanto el secretario como el interventor pudieron haber opuesto algún reparo, y reprochan que la forma de proceder de ambos funcionarios de habilitación nacional no puede «tildarse de diligente y profesional», esta «probable negligencia» no puede «bendecir ni sanar una conducta que se trasluce como claramente prevaricadora” por parte del acusado, de quien aseveran que “no buscaba otra cosa que contratar con la entidad, empresa o profesional por él elegida de antemano, dícese vulgarmente ‘a dedo'».
Los magistrados coinciden con la acusación del fiscal al determinar que Hernández -que ya cumplió un año de inhabilitación por haber negado documentación a la oposición- actuó de tal modo con la finalidad de adjudicar esas actividades «a personas de su confianza», pese a que podía acudir al asesoramiento de la Diputación Provincial de Almería, a cuyos servicios recurrió “en más de 280 ocasiones” para consultas económicas, jurídicas, urbanísticas y de recursos humanos.
HACIENDA SEÑALA A CRISTÓBAL FERNÁNDEZ
Llegados a este punto, es preciso subrayar que el Tribunal funda su argumento principalmente en el informe pericial realizado por “el agente número 42665” de la Intervención General de la Administración del Estado del Ministerio de Hacienda.
El citado inspector alude al primigenio contrato firmado con una de las empresas contratadas, Zofre, por Cristóbal Fernández “el 14 de julio de 2008” para la redacción del PGOU, así como la posterior modificación del mismo suscrita en 2009 por el mismo Cristóbal. El funcionario de Hacienda revela que en ambos contratos “se observan irregularidades”, sin embargo, los magistrados obvian las contrataciones de Cristóbal Fernández porque “no constituyen el objeto de la acusación”. Es decir, tanto Hacienda como el Tribunal presumen indicios de delito en la acción de Fernández, pero no le juzgan porque nadie le ha denunciado.
A continuación, la sentencia se centra en que Salvador Hernández encargó entre 2014 y 2015 a Zofre, la empresa que estaba redactando el PGOU, seis asistencias técnicas por valor superior 47.800 euros, mientras que contrató, además, con una de las trabajadoras de la misma mercantil, la firma de cinco informes técnicos en expedientes municipales de licencias de obras «como si fuera técnico municipal, ocupando su propio despacho en el área de Urbanismo». «El importe conjunto de las facturas asciende a 204.918,88 euros», resume la sentencia.
También recoge las adjudicaciones efectuadas por Salvador Hernández entre 2011 y 2015 a otra sociedad –AGF- en materia de asesoramiento de contabilidad pública local de un total de seis contratos por un importe, en conjunto, de 96.000,00 euros que se tramitaron «como contratos menores de servicios, a pesar de tener un objeto idéntico».
«En ninguno de los contratos hay constancia de que se consultara el presupuesto de otras empresas con objeto de obtener el mejor precio posible en la realización de estos servicios, suponiendo un fraccionamiento del objeto del contrato, con el resultado de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan», concluye la sentencia, que abre una incógnita sobre el futuro político de Salvador Hernández, que ya ha anunciado que la recurrirá.
“El PSOE no quiere verme competir por la alcaldía”
Salvador Hernández (Gicar) está convencido que, detrás de la sentencia que le inhabilita para el cargo de alcalde o concejal durante 13 años, se encuentra el Partido Socialista de Carboneras. Señala directamente a Cristóbal Fernández –“parece que tiene tanto poder como para que la Audiencia Provincial emita una sentencia que es un ‘copia y pega’ de la denuncia puesta por uno de los suyos”-, así como al denunciante de los hechos ante la Fiscalía, Alfonso Provencio, “abogado y concejal del PSOE en Huércal Overa contratado recientemente por el Ayuntamiento de Carboneras como asesor jurídico”.
El exalcalde cuenta que un “destacado socialista” le ha advertido que “el único fin que mueve a los fernández, amérigos y provencios es acabar con mi carrera política. No quieren verme competir por la alcaldía”.
A Provencio le acusa de actuar como “mamporrero” al servicio del PSOE de Carboneras, que le habría “premiado” contratándole como asesor jurídico del Ayuntamiento. Hernández apunta que el abogado huercalense puso la denuncia ante el fiscal “por cambiar, para que fuese otro en que denunciara, porque los socialistas del pueblo ya me han puesto quince querellas”.
El exprimer edil culpa a Provencio de “mentir” en sede judicial. El denunciante declaró como testigo que “empresarios” le habían transmitido “quejas” de no poder optar por los servicios adjudicados de forma directa a Zofre, la empresa beneficiada por los contratos que han derivado en condena por prevaricación. “¿Por qué iban a ir a quejarse a Huércal Overa unos vecinos empresarios de Carboneras?”, se pregunta Hernández, quien añade que en el pueblo no hay “ninguno que redacte PGOUs” –tarea realizada por Zofre- ni que se dedique a la “contabilidad municipal” –servicios prestados por AGL, la otra compañía involucrada en el proceso-.
Sobre el objeto de la querella –la prevaricación por fraccionar contratos a fin de poder adjudicarlos “a dedo” a empresas de su confianza-, Hernández reivindica su inocencia. Enfatiza que fue su antecesor, Cristóbal Fernández (PSOE), quien firmó el contrato con Zofre para redactar el PGOU en 2008, “tres años antes de que yo fuera alcalde” en 2011.
A partir de ese momento, “lo que hice fue aprobar el pago de las facturas pendientes y dejar trabajar a la empresa”, porque el contrato continuaba “en vigor”. El exregidor revela que en el momento en que tomó la decisión quedaba pendiente de ejecutar “el 65% del trabajo y más del 80% por pagar”.
Hernández añade que el resto de contratos señalados por el Tribunal “no tienen nada que ver con la redacción del PGOU, por lo que no cabe hablar de fraccionamiento”. Se trata de la confección de proyectos de obras de mejora en diferentes calles del municipio. “Algunos, como el de una intervención en el Llano de don Antonio, por un total de 800 euros”.
Como prueba de que obró de manera correcta, aportó los informes favorables del secretario municipal y del técnico de Urbanismo del Ayuntamiento. Sin embargo, “el Tribunal dice textualmente en su sentencia que yo tenía que saber más que los dos juntos, pero los alcaldes estamos para dirigir los ayuntamientos. De velar por que los expedientes cumplan con la ley se ocupan los funcionarios de habilitación nacional”.
Finalmente, el líder de Gicar añade una reflexión para reforzar su alegato de inocencia: “El delito de prevaricación suele ir aparejado a otros de cohecho, malversación o tráfico de influencias, porque quien lo comete lo hace para obtener un beneficio propio, y no ha sido el caso. A mí no me imputan ninguno de esos otros delitos y mis decisiones han ahorrado dinero a Carboneras. Es como si yo hubiera prevaricado por deporte. Simplemente por el placer de darme el gusto de obrar mal”.
Provencio: “Dos empresarios me encargaron la denuncia”
Alfonso Provencio puede llegar a convertirse en la ‘bestia negra’ de Salvador Hernández (Gicar). Es concejal socialista en Huércal Overa, y también el abogado que presentó en la Fiscalía el escrito con los hechos que han acabado condenando al exalcalde a 13 años de inhabilitación en primera instancia.
El letrado aseguró en RADIO ACTUALIDAD no tener “nada contra Salvador Hernández”, y que se ha limitado a prestar sus servicios “como profesional del Derecho”, si bien recuerda que “yo conseguí su anterior inhabilitación”. Entonces presentó la denuncia y representó a la acusación particular en la querella por negación de información a la oposición.
En ese caso fue contratado por el Grupo Municipal Socialista de Carboneras –“he trabajado para el PSOE en varios municipios de la provincia”-. En el que ha concluido ahora en primera instancia, ha participado “por encargo de dos clientes: uno del pueblo y otro de un municipio próximo”.
Se trata de dos autónomos que le expresaron sus “quejas” por no poder “optar” a los contratos de redacción de proyectos de arquitectura generados por el Ayuntamiento porque “se les encargaban todos directamente a Zofre”, el despacho que estaba redactando el PGOU.
“Se trata de un caso flagrante de incompatibilidad, pues la ley prohíbe expresamente que la empresa que redacta un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), pueda realizar actividades relacionada con el urbanismo en el mismo municipio”.
Tras escuchar a sus clientes, el abogado les solicitó documentación que avalara tales acusaciones. Cuando se la aportaron, vio “muy claro” que existían indicios de delito, como después “también han entendido el fiscal y los magistrados”. Y redactó la denuncia.
En principio, su trabajo terminaba ahí. No obstante, los dos empresarios le “pidieron que presentara el escrito en la Fiscalía por temor a no poder trabajar jamás en Carboneras, porque creían que Salvador Hernández continuaría gobernando muchos años”.
No quiso el letrado valorar la sentencia. Asegura no haberla leído. “No he tenido acceso a ella porque, en este caso, mi intervención se ha limitado a redactar el escrito de denuncia y presentarlo en la Fiscalía. Mis clientes no han ejercido la acusación particular y no he tenido acceso a ella”.
Sí insistió en que “jamás” actuó como “mamporrero” del PSOE de Carboneras ni se considera “premiado” con un posterior contrato del Ayuntamiento como asesor jurídico, de lo que le acusa el exalcalde.
“Sólo tuve un contrato menor de seis meses para defender al Ayuntamiento en asuntos urgentes que ya estaban en los juzgados. El importe total fue de 14.000 euros. No hubo ninguna renovación posterior”.
