La Cámara de Cuentas de Andalucía ha difundido un adelanto de la ‘Fiscalización de determinadas áreas del Ayuntamiento de Garrucha’. El documento no ofrece ninguna valoración, la reserva para el diagnóstico definitivo que prevé entregar el próximo 20 de abril, pero sí destaca varios “aspectos”de la gestión contable tras emplear 1.899 horas de investigación.

Antes de empezar, es preciso saber que la Cámara de Cuentas de Andalucía es el órgano técnico, dependiente del Parlamento, encargado de fiscalizar la gestión económica, financiera y contable de los fondos públicos en la Comunidad Autónoma. Cada año decide qué instituciones va a investigar, y el 24 de enero de 2024 optó por examinar la contabilidad del Ayuntamiento de Garrucha.

La elección del Consistorio garruchero no es casual. La Cámara funda su decisión en ciertos “aspectos relevantes”, entre ellos destaca que la última Cuenta General rendida por el Ayuntamiento fue la de 2016y queel Pleno aprobó la de 2017 en noviembre de 2019, pero no la remitió a la Cámara de Cuentas, tal y como exige la ley. A partir de ahí, ninguna más fue sometida a la aprobación de la Corporación ni enviada a la entidad fiscalizadora.

No es el único dato que subrayan los auditores. También les ha llamado la atención el peso del capítulo dedicado al personal en los presupuestos municipales. En 2022 alcanzó el 61,51% del gasto total, más del doble del máximo aconsejado, que se fija en el 35%. Además, los funcionarios camerales resaltan que la consignación a sueldos casi se multiplicó por dos durante el último mandato socialista, entre 2018 y 2022, pasando de 3,05 a 5,77 millones de euros, un incremente del 88,81%.

Finalmenteresalta que el Ayuntamiento de Garrucha rebajara su deuda con proveedores en cerca de 4 millones a lo largo de 2022, una cifra coincidente con un “exceso de financiación”, consecuencia del dinero ingresado en el erario municipalpor encargar durante 25 años la gestión del ciclo integral del agua en el municipio a una empresa privada.

CONTRATOS “A DEDO”

Nada de lo señalado por este órgano del Parlamento Andaluz es nuevo. Todo aparecía en el análisis presentado en febrero del año pasado, a instancias del Gobierno local, por una empresa vinculada a la Universidad de Granada.

Los auditores granadinos destacaban, además, una deuda con bancos de 6,9 millones de euros. Cada vecino debería aportar 995 para ponerla a cero. Este informe subrayaba que los 3,7 millones de uno de los préstamos había sido contabilizado como ingreso, cuando, en realidad, es un débito, es decir, una obligación de pago. De esa forma, el resultado contable aparecía “distorsionado”.

El mismo documento apuntaba la existencia de contratos de personal, obras y servicios “a dedo, sin seguir el procedimiento establecido en la ley”.

Precisamente, la investigación de estos presuntos contratos irregulares justifican una de las visitas que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cursará a las dependencias municipales de Garrucha. Así lo ha notificado al Ayuntamiento.

La UCO también ha advertido que acudirá al Ayuntamiento para recabar información sobre el destino de los 4 millones ingresados por el contrato de gestión del ciclo integral del agua.