UNO DE LOS factores decisivos en la reelección de Trump como sheriff del condado/USA ha sido esa reivindicación de lo americano como eficiente, una suerte de bandera del ahorro que consistiría en quitarle dinero al estado para dárselo al ciudadano, un nuevo “reaganismo”. Sería la motosierra con la que Milei anduvo prometiendo cortar las ramas secas del árbol argentino para dejar el estado en la mínima expresión. Dos ejemplos que, sin duda, corresponden a su entorno y de difícil reproducción fuera de sus respectivos países, pero que incumben a algo que no le es ajeno a los españoles. Es frecuente encontrarnos con gente que se queja de la burocracia, del papeleo, y éste como manifestación de un estado oneroso y costoso en magnitudes superiores a las que podemos permitirnos.
La burocracia, esa fuerza omnipresente en el gobierno, es como un arma de doble filo. Si está bien engrasada y funciona como un reloj suizo, puede ser la clave para que los servicios públicos fluyan como la seda y los ciudadanos estén más contentos que unas castañuelas. Pero, ¡ay amigo!, si la burocracia se atasca, se vuelve corrupta o simplemente se dedica a poner trabas, la cosa se pone fea. Los servicios se resienten, la gente se desespera y el gobierno se gana una merecida mala fama. Kafka, el maestro del absurdo, nos mostró la burocracia como un laberinto opresivo donde el individuo se pierde en trámites incomprensibles. En «El Proceso», Josef K. lucha contra un sistema judicial kafkiano que lo condena sin saber por qué. «Ante la Ley» nos presenta a un hombre que nunca logra acceder a la justicia, mientras que en «El Castillo», el protagonista se enfrenta a obstáculos burocráticos insuperables. Kafka nos legó una visión sombría de la burocracia, un sistema que deshumaniza y aliena al individuo.
Entre facturas que hacer y montañas de papeleo, los autónomos se debaten en un mar de trámites burocráticos. Comprar, vender, pedir ayudas para una placa solar o solicitar la dependencia para un familiar mayor… cada acción se convierte en un laberinto de formularios y sellos. Horarios imposibles de las administraciones presenciales, trámites que se demoran sin fecha. Mientras tanto, empresarios que buscan expandir sus negocios, emprendedores que luchan por salir adelante y ciudadanos de a pie, agobiados por la tramitación, se preguntan si alguna vez verán la luz al final del túnel. La burocracia, omnipresente y a menudo incomprensible, parece ser la gran enemiga de emprendedores y ciudadanos por igual.
Nuestros políticos deberían tomar nota de que estas preocupaciones de los ciudadanos deberían tener más presencia en el catálogo de ofertas que le hacen a sus votantes y a sus administrados. Oímos poco hablar de modernización administrativa, desintermediación, simplificación de trámites, reducción del papeleo, acortamiento de los plazos. Y es algo de lo que hay que hablar más. Poner de manifiesto estos problemas y encauzarlos me parece el mérito de Trump o de Milei, con independencia de que se compartan o no los procedimientos. Pero el que se pone a solucionar algo tiene medio camino hecho hasta conseguir resolverlo.
La reforma de la administración pública exige una revisión profunda de su estructura y funcionamiento. La supresión de cuerpos especializados excesivos, junto con una mejora en la movilidad funcional de los empleados públicos, optimizaría la asignación de recursos humanos. La profesionalización de los directivos, basada en criterios de habilidades directivas y no sólo antigüedad, fortalecería el liderazgo y la toma de decisiones. La digitalización de procesos, mediante el uso estratégico de la tecnología, simplificaría y armonizaría los trámites administrativos, reduciendo la carga burocrática para ciudadanos y empresas.
La mejora de la comunicación entre la administración y los ciudadanos, a través de la simplificación de trámites y un lenguaje claro, fomentaría la confianza y la participación. La colaboración público-privada, bajo un sistema institucional sólido que defina claramente los riesgos compartidos, permitiría aprovechar la experiencia y recursos del sector privado en proyectos de interés público. La transparencia y la participación ciudadana, facilitando el acceso a la información y la evaluación de recursos, fortalecerían la rendición de cuentas y la legitimidad de la gestión pública. El control financiero, a través de auditorías internas y externas rigurosas, garantizaría el uso eficiente de los fondos públicos. La formación y capacitación continua de los funcionarios en nuevas tecnologías y habilidades de gestión, así como la flexibilización de la gestión mediante evaluaciones continuas, son elementos clave para una administración pública moderna y eficiente. Finalmente, la rendición de cuentas a través de auditorías públicas y mecanismos de evaluación de políticas, completaría el ciclo de mejora continua y transparencia en la gestión pública.
Se trata, en fin, no ya de ser modernos sino reivindicar una reflexión constante para conseguirlo. El agua que no se mueve se estanca y los procedimientos, si no se actualizan, tienden a esclerotizarse. Los gobiernos que simplifican tienden a ser más considerados por sus ciudadanos. Una burocracia eficiente, imparcial y transparente es esencial para garantizar que los contribuyentes reciban servicios públicos de calidad y que sus impuestos se utilicen de manera efectiva y responsable. Las reformas administrativas y la rendición de cuentas son clave para evitar la corrupción y mejorar la eficiencia del gobierno. Ser cómplices y amigos de los ciudadanos, no antagonistas, el estado empático, no antipático.
La motosierra no será un medio pero sí puede ser un símbolo. Ya lo dijo el Señor: “el que tenga oídos que oiga”.
