La Abogacía del Estado ha remitido a la Audiencia nacional un escrito donde se opone a la demanda de ecologistas en Acción para que el Ministerio para la Transición Ecológica lleve a cabo la limpieza de la barriada cuevana de Palomares, considerando que “no existe riesgo radiológico significativo ni para las personas ni para el medioambiente” y ha acusado a colectivo ecologista de haber basado su recurso en “opiniones, tergiversaciones de datos científicos” y en un “desconocimiento del marco legal vigente”.
Ecologistas en acción solicitaba que se dictase una sentencia por la que se ordenara la limpieza de la tierra contaminada, con la fijación de un plazo para llevarla a efecto y que, a la espera de encontrar un almacenamiento definitivo del material radioactivo, se procediese al almacenamiento temporal del mismo.
En el mes de enero, La Audiencia Nacional ya admitió a trámite el recurso de Ecologistas en Acción frente a la postura de la Abogacía del Estado, que defendía que este asunto ya quedó resuelto cuando el propio tribunal determinó en el año 2021 que el Consejo de Seguridad Nacional (CSN) no era competente para ordenar la retirada de unos 6.000 metros cuadrados de tierra contaminada.
Sin embargo, la Audiencia entendió que el Ministerio no había dado una respuesta explícita a la solicitud presentada por los ecologistas y decidió examinar a fondo este asunto para “establecer si concurrían o no los requisitos previstos” que permitiesen determinar si corresponde al Ejecutivo Central llevar a cabo la limpieza de la zona contaminada.
Ahora, el Estado ha defendido que la situación de Palomares está catalogada como de “exposición inexistente”, lo que descarta medidas urgentes, tal y como refleja el escrito remitido a la Audiencia Nacional. Además, ha advertido de que el colectivo ecologista “confunde las unidades de dosis efectivas y actividad”, aclarando que el nivel de referencia fijado en Palomares desde 2001 es de 1 mSv/año (unidad de medida para la dosis efectiva de radiación que puede recibir una persona en un año).
Según el Estado, los informes remitidos anualmente al CSN demuestran que “en escasísimas muestras analizadas apenas se alcanzan los valores de referencia”, por lo que la exposición radiológica en la zona es “muy inferior” al que justificaría una intervención.
La Abogacía del Estado también ha destacado que “no se puede hablar de un accidente nuclear” en Palomares, ya que el origen de éstos “siempre se encuentra en una instalación nuclear” y ha recordado que la colisión aérea de 1966 “fue un suceso con un origen singular, que es de conocimiento público y notorio”.
Con estos argumentos, el Estado ha pedido a la Audiencia que desestime la demanda ecologista, considerando que el Ministerio ha actuado conforme la normativa porque, según los informes oficiales, la situación radiológica en Palomares no justifica una intervención.
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