El Gobierno de España no tiene prisa en resolver la falta de agua en la comarca. El último ejemplo ha sido el anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura de que empleará un año en trazar un plan para mitigar los efectos de los recortes en el trasvase del Tajo aprobados en enero de 2023. Es decir, que hasta el verano de 2026 no empezarán, en el mejor de los casos, los expedientes para construir nuevas desaladoras que suplan los más de 100 hectómetros cúbicos de agua que dejarán de llegar al sureste español, incluido el Levante almeriense, a partir de 2027.
Es un ejemplo más del desinterés del Gobierno de España por resolver problemas que él mismo ha creado a los regantes de nuestra comarca. Primero fue la apuesta del socialista José Luis Rodríguez Zapatero por la desalación a cambio de derogar el trasvase del Ebro en 2004. Su plan aún no ofrecido ningún resultado, porque la desaladora prometida, comenzada a construir en 2007, aún no ha producido ni una gota de agua por no haber previsto el proyecto proveerla de suministro eléctrico. Además, una riada la arrasó al haber sido instalada en terrenos inundables, sin que Mariano Rajoy ni Pedro Sánchez la hayan reparado en 13 años.
Mientras tanto, 24.000 hectáreas de regadío y decenas de miles de trabajadores viven, en pleno siglo XXI, pendientes de la lluvia, como en el Neolítico.
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