El portavoz socialista se siente “decepcionado” con los jueces. Sostiene que algunos “no se quieren complicar la vida” ante casos relacionados con la acción política. Además, les reprocha que pongan “obstáculos” a la labor de fiscalización que ejerce como oposición exigiéndole fianzas “de 3.000 euros”. Sin embargo, advierte que eso no le va a “frenar”. Ya tiene redactada la próxima querella contra la alcaldesa
El TS señaló que Marina de la Torre II era el séptimo sector modificado de los 12 establecidos en las NNSS, lo que constituye “una revisión total del planeamiento”
El PSOE se querellará por el pago de “6.000 euros por una puerta y 1.300 por la acometida de agua del aparcamiento privado del que la alcaldesa es copropietaria”
La Audiencia Provincial de Almería archivó el pasado 20 de octubre la querella presentada por el PSOE de Mojácar contra la alcaldesa Rosa María Cano (PP). La acusaban de recepcionar una urbanización –Marina de la Torre II- a pesar de que el Tribunal Supremo (TS) anuló el 5 de julio de 2012 la modificación parcial que permitía construir allí más de 400 viviendas “triplicando” el número previsto en las Normas Subsidiarias (NNSS).
Tras recibir la noticia del archivo, el portavoz socialista, Manuel Zamora, se mostraba “decepcionado” con la Justicia. No alcanzaba a entender cómo la Sección Segunda del Tribunal almeriense obviaba la sentencia del Supremo, a la que ni siquiera alude en su auto.
El TS fundaba su decisión de anular la modificación puntual del citado sector de Mojácar por el “notable aumento de viviendas” que introducía, aunque “sin aumento de la edificabilidad”. Suponía “triplicar” el número de las previstas, que es tanto como multiplicar por tres la presión poblacional en la zona.
Pero los magistrados reprochaban a la alcaldesa que se trataba del séptimo sector que modificaba de los 12 establecidos en las NNSS, lo que constituye, en conjunto, “una revisión del planeamiento y no una simple modificación puntual”, para lo que el Ayuntamiento “carece de competencia”. Es decir, el planeamiento del Ayuntamiento era tan deficiente que había tenido que modificar, una vez aprobado, más de la mitad del documento.
No obstante, el tribunal de Almería ni siquiera menciona este veredicto en el auto que archiva el caso presentado por el PSOE de Mojácar. Funda su argumentación en que la adaptación parcial de las NNSS a la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía (LOUA) fue aprobada por el Pleno municipal el 19 de octubre de 2009 –tres años antes que el fallo del TS- y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) unos días más tarde, por lo cual entiende que la alcaldesa “actuó de forma correcta”.
Zamora confesaba sentirse “decepcionado” con los jueces que resuelven de esta manera “ante evidencias tan claras como una sentencia firme dictada por un órgano judicial superior”.
“PELOTAZO”
En el caso que nos ocupa, el portavoz socialista explica que acudió a los tribunales porque su “obligación”, desde la oposición, es señalar las presuntas “ilegalidades” que observa y, si no son tenidas en cuenta por el Gobierno local, denunciarlas en el juzgado.
Para Zamora, lo de Marina de la Torre II es un “pelotazo”. La alcaldesa no exige al promotor la construcción del número de viviendas de protección oficial (VPO) que exige la ley, además de permitirle “construir el triple de viviendas” previstas por las NNSS.
Pero no ha sido éste el único asunto denunciado por el PSOE de Mojácar. Antes puso en conocimiento del fiscal la “extraña coincidencia” de que “casi todas las obras” adjudicadas a “una misma empresa” terminaran costando el “9,99%” más de lo firmado en el contrato. La ley prohíbe que el sobrecoste alcance el 10%.
En unos casos, el incremento se justificaba en que había que colocar una tubería de pluviales “ya incluida en las condiciones” de la obra. En otros, la diferencia con el proyecto original consistía en “elevar ligeramente la inclinación” de una rampa, para lo que “apenas había que colocar dos bloques”.
Estas modificaciones –“siempre elevando el 9,99% del importe inicial”- levantaron las sospechas del portavoz socialista, razón por la cual acudió a la Fiscalía. Podía existir un hipotético acuerdo ente Gobierno local y adjudicatario. Sin embargo, el Ministerio Público se negó a investigar los hechos para discernir la posible existencia de delito en la “carencia de medios y preparación”.
OTRAS DECEPCIONES
También le resulta cuanto menos “sorprendente” que los jueces estimen normal que pocos días antes del cierre del censo a efectos electorales, aparezcan personas empadronadas “en el domicilio de la alcaldesa”, parientes de la regidora que figuren residiendo en Mojácar mientras “aseguran que siempre han vivido en otro pueblo” de la comarca o que el técnico de Guadalinfo dijera que “estaba domiciliado en casa de Emmanuel Agüero [concejal de Turismo] pero no vivía allí”. Al final, sólo se abrirá juicio oral contra un familiar del edil.
Zamora suma otro caso a su “decepción”. Se trata de las facturas que giraban la empresa propietaria de una grúa así como una ferretería, vinculadas a concejales del gobierno municipal, que “se aprobaban en Junta de Gobierno y podrían constituir delito de negociaciones prohibidas a políticos y empleados públicos”.
Tampoco la Justicia quiso saber nada de este asunto. “Igual no quieren meterse en asuntos relacionados con la política”, apostilla Zamora.
PRÓXIMA QUERELLA
No obstante, el portavoz del PSOE asegura que los “obstáculos” que encuentra en los tribunales, como exigirle “3.000 euros de fianza” para poder presentar un
