Antonio Segura se enfrenta a una pena de hasta cinco años de cárcel acusado de traficar ilegalmente con agua, un delito especialmente grave en una comarca con tanta falta de recursos hídricos.
El jefe de la Policía Local de Garrucha (a la izquierda de la imagen, sujetando una pancarta) recibió la primera dosis contra el covid en marzo, pero el resto de la plantilla no.
El “urbanismo salvaje” vuelve a Mojácar.- Quince años después de la sentencia que paralizó las obras de El Algarrobico, el denunciante, Jaime del Val, alertaba sobre el retorno del “urbanismo salvaje”, singularmente en Mojácar. El activista advertía continuar en lucha contra los proyectos de variante y PGOU promovidos por la alcaldesa Rosa María Cano, dos “casos flagrantes de presunta prevaricación”.
Antas rebajó 1,3 millones su deuda con SPANCRETE.- El Ayuntamiento fue condenado a indemnizar a la compañía con 2,7 millones por las inversiones realizadas en unos terrenos que el Consistorio le vendió en 2000 de manera irregular, al tratarse de suelo comunal inalienable.
Cajamar –acreedor principal de la empresa- admitió dejar la obligación en 1,41 millones a pagar mediante un préstamo en 12 años.
En la imagen, el alcalde Pedro Ridao (PSOE) entre abogados de las partes interesadas.
La Geoda, Monumento Natural de Andalucía.- La consejera Carmen Crespo anunció al alcalde de Pulpí, Juan Pedro García, la “inminente” declaración de la Geoda gigante como Monumento Natural de Andalucía por parte de la Junta.
El reconocimiento permitirá mejorar la eficacia y la eficiencia de la gestión del espacio y garantizar la conservación de esta joya de la naturaleza, única en el mundo.
Formar parte de la alta dirección de Cosentino, una de las multinacionales más importantes de España permite a Santiago Alfonso analizar la realidad desde un lugar privilegiado. Decía que vivíamos un tiempo de “incertidumbre” de manera “dispar” en cada sector. Mientras lo relacionado con el equipamiento del hogar disfrutó una oportunidad durante el confinamiento, los servicios, principalmente el turismo y la hostelería –“más del 20% del PIB”-, sufrieron una “debacle” difícilmente asumible para el país. Sin embargo, confiaba en que, tras la vacunación, viviríamos otros “felices años veinte” muy “necesarios para sobreponernos a esta depresión”.
El fiscal denunció a Antonio Segura por un delito penado con hasta cinco años de cárcel
Tras investigar los hechos señalados por el abogado Rafael Salinas, el fiscal observó y denunció la posible comisión de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente por parte de Antonio Segura. El Código penal establece un castigo de hasta cinco años de prisión para ese crimen.
El Ministerio Público consideraba que Segura se lucró con la extracción de 1,8 millones de m3 de un pozo que carecía de permiso y pertenece a la Junta de Andalucía.
El caso recayó en el Juzgado número 1 de Huércal Overa, que ordenó la instrucción de diligencias previas y admitió la personación como acusación pública de la Asociación Mediterránea Anticorrupción y por la Transparencia (AMAyT).
CUARTO CONCURSO SOBRE EL AGUA DE GARRUCHA
El Pleno aprobó el pasado 12 de marzo iniciar por cuarta vez el expediente de adjudicación del servicio integral del agua tras la tercera anulación del procedimiento en curso por parte del Tribunal Administrativo Contractual de la Junta de Andalucía.
Sobre esa concesión descansaba, y aún lo hace, el plan del Gobierno municipal para zanjar su millonaria deuda con los proveedores. No obstante, la nueva licitación no habría de satisfacer de manera inmediata las aspiraciones de los acreedores. Algunas de las empresas invitadas anunciaron recurrir el nuevo proceso incluso antes de ser aprobado.
El Ayuntamiento de Garrucha se comprometió con Hacienda a subir un 25% el IBI y el impuesto de vehículos y no invertir a cambio de un préstamo de 3,2 millones para refinanciar su deuda con bancos, mientras debe 5 millones a proveedores
CINCO MILLONES DE DEUDA A PROVEEDORES
El Ayuntamiento de Garrucha publicaba el 31 de marzo el importe de las obligaciones de pago ‘sin aplicación’. Es decir, sus ‘facturas en el cajón”.
La cifra se elevaba a 1,15 millones, que sumada a los 3,8 reconocidos, sitúa la deuda a proveedores en 5 millones.
Al mismo tiempo, el Ministerio de Hacienda aprobaba refinanciar la mayor parte de los compromisos con bancos. Concretamente, 3,3 de los 3,9 millones existentes por ese concepto. A cambio, el Gobierno de España admitía el Plan de Ajuste presentado por el Consistorio, que incluye “subidas” del 25% en impuestos como el IBI o el de a vehículos, “reducción de costes de personal” y no realizar ninguna “inversión” en los próximos años.
EL JEFE OLLER SE VACUNA, EL RESTO NO
El Sindicato Independiente de Policía de Andalucía (SIPAN) de Garrucha pedía explicaciones a la alcaldesa sobre los motivos por los que el jefe, José Antonio Oller, recibió la primera dosis de la vacuna contra el covid el 26 de marzo, y el resto de la plantilla no.
Oller respondió que había sido “citado por mensaje del SAS como cualquier otro”, pero lo cierto es que aún no le correspondía por su grupo de edad. El PSOE cargaba contra la Junta recordando que “quien vacuna en Andalucía es el SAS”. Sin embargo, todos los municipales de la comarca fueron vacunados entre el 2 y el 3 de marzo, salvo los garrucheros. Después trascendió un error del Ayuntamiento a la hora de enviar el listado con los agentes. Quedó la incógnita de por qué el jefe sí se vacunó.
La Hacienda municipal de Carboneras no llegó a emitir recibos por el 20% de las tasas y un importe de 2.559.315,73 euros. La tesorera municipal ya advirtió que no estaba suficientemente justificado cobrarlos, y que supondría un “quebranto” para las cuentas
PRESUPUESTOS DE MENTIRA EN CARBONERAS
La tesorera ya lo advirtió. Los ingresos previstos en los presupuestos de Carboneras para 2020 –los primeros del mandato de José Luis Amérigo (PSOE)- eran “optimistas”. La funcionaria informó que no había encontrado “justificación” ni “derecho reconocido” para el cobro de ciertos conceptos incluidos en el capítulo por un importe de 2,6 millones. Advertía, además, que, de no cobrarse, el Ayuntamiento sufriría un “quebranto relevante”, al haberse previsto el gasto de ese dinero, que venía a representar el 20% del presupuesto.
La liquidación del ejercicio dio la razón a la funcionaria. La Hacienda municipal ni siquiera llegó a emitir recibos por esas tasas. El importe correspondiente fue de 2.559.315,73 euros.
Vera se unió a Cuevas en la implantación del Sistema Dinámico de Adquisición, un procedimiento automático para desterrar la contratación directa de obras y servicios, ahorrar dinero y acabar con las sospechas
FIN DE LOS CONTRATOS DIRECTOS
Vera aprobaba la implantación del Sistema Dinámico de Adquisición, una plataforma electrónica de compras que pone fin a la contratación directa por medio de contratos menores, es decir, aquellos cuyo importe es inferior a 15.000 euros -40.000 en caso de obras-, que la ley permite resolver sin concurso.
Además, el procedimiento se hará extensivo a determinados contratos mayores. Se trata de un sistema novedoso que, además de Vera, sólo se conocía su implantación en Cuevas del Almanzora. Consiste en el registro en una web de las demandas de servicios o bienes por parte del Ayuntamiento. Los proveedores –previamente inscritos- tienen acceso a la información en tiempo real y pueden presentar sus ofertas, siendo el propio sistema el que adjudica el de forma automática. Permite ahorrar “entre un 20% y un 25%” y destierra cualquier sospecha.
CUEVAS PAGA 16 MILLONES DE INDEMNIZACIÓN
El alcalde firmó el 31 de marzo un préstamo con Unicaja por importe de 12.596.012,56 euros. El motivo era pagar a la promotora Monsora SL la indemnización fijada por los tribunales por parar las obras de 112 viviendas que la compañía comenzó a construir en 2005 al amparo de una licencia municipal que resultó ilegal.
Al mismo tiempo, el Ayuntamiento depositaba en el juzgado las escrituras de dos fincas municipales para hacer frente a intereses y costas, que ascendían a 3.778.803,76 euros.
VERTIDOS JUNTO AL RÍO AGUAS
El Defensor del Pueblo Andaluz decidió abrir una investigación para esclarecer la «posible permisividad» de las Administraciones Públicas competentes «durante años al tolerar esta práctica», así como el estado actual de la ribera, de la que se dice que alberga «toneladas de escombros».
El órgano institucional lo hacía tras conocer la denuncia de Garrucha para la Gente sobre la aparición en ese lugar de vertidos ilegales procedentes de Garrucha.
